Antoni Cañete, secretario general de PIMEC pidió en el parlamento que “cuiden y salven a los que pagan impuestos. Sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”. Cañete quien preside la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, sitúa a las pymes como un factor clave y estratégico para la reactivación económica.
Cañete fue uno de los 20 representantes de la sociedad civil elegidos para formar parte de grupo de trabajo Reactivación Económica. Dicha comisión tiene como objetivo, proponer medidas de impulso en el escenario post coronavirus en los diferentes ámbitos productivos.
El dirigente propuso un Pacto de Estado para la FP. Reclamó un régimen sancionador para los morosos y una representación real de las pymes.
Durante su intervención, Antoni Cañete se lamentó por las duras consecuencias de la crisis del coronavirus para con las pymes y autónomos, “un 20% de los cuales no volverá a levantar su persiana”, según datos de PIMEC.
Cañete hizo una propuesta para lograr un crecimiento sólido, justo y sostenible basado en tres ejes fundamentales: innovación y conocimiento, productividad y competitividad.
El Pacto de Estado para la FP, propone apostar a la Formación Profesional como el elemento de competitividad más importante de un país. Cañete recordó que la FP se basa en la oferta de nuestros centros educativos, pero “lo adecuado sería basarse en la demanda de nuestro sistema productivo” y por tanto pide que se reconozca el papel formativo de las empresas.
Otro factor fundamental es la morosidad. “Durante esta crisis hemos obligado a las empresas a endeudarse a través de créditos ICO, cuando la solución podría haber sido eliminar la morosidad”, dijo Cañete.
El dirigente propuso diversas medidas que supondrían una inyección de más de 150.000 millones de euros de liquidez al sistema, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país.
Plan para morosidad
El plan que propone Cañete consta: que las administraciones paguen sus facturas pendientes (14.000 millones de euros). Las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen 122.000 millones pendientes de pago a sus proveedores. Los ayuntamientos liberen los 12.000 millones de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar autónomos y pymes; que se cambie el criterio liquidación del IVA y solo se ingrese el IVA cobrado; que se devuelva de manera inmediata el IVA a compensar retenido por Hacienda; y que los grandes contratistas paguen a sus proveedores.
Finalmente, pidió “generar una nueva base económica, más inclusiva, amparada por un Pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas y sociales”.
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