Que España es el país de la picaresca es algo que nadie ignora. Que es en el ámbito empresarial donde más se suele dar (para desgracia de una mayoría de empresarios honrados), tampoco. Y la pandemia por el Covid-19 no iba a ser diferente. La ilegalidad de los ERTE es la nueva irregularidad de moda.
Y es que no son pocos los empresarios que están haciendo que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, cobren el 70% de su base reguladora, y se les complete el sueldo habitual mediante pagos en negro. Para empeorar incluso más este asunto, algunos empleadores van un paso más allá y ofrecen a sus empleados un sobrepago superior a su sueldo ordinario. Lo que se persigue con la ilegalidad de los ERTE es que vuelvan al trabajo de forma indefectible. Las empresas que incurran en esta ilegalidad podrán ser sancionadas con una multa que puede llegar hasta los 187 515 euros.
La ilegalidad de los ERTE: una infracción demasiado grave
El estado de alerta ocasionado por el Covid-19 trajo consigo la popularización de la nueva figura de ERTE: Expediente de Regulación Temporal del Empleo. El fin de esta medida es el de ayudar a los trabajadores a mantenerse al día con sus ingresos en caso de que las empresas no pudieran pagarles. Sin embargo, no faltaron los empresarios que recurrieron a esta medida de manera ilegal para obtener su propio beneficio.
La irregularidad consistía en aplicar el ERTE al trabajador al tiempo que se le hacía trabajar de manera habitual. En la fase anterior de desescalada, inspección de trabajo detectó casos de trabajadores que, continuando dentro del ERTE, han sido reincorporados en sus puestos de trabajo.
Los trabajadores que forman parte de este último caso, continúan cobrando la prestación del 70% que el ERTE brinda a quienes se pueden amparar en él. La infracción en la que incurren los empresarios es la de ofrecerle al trabajador la diferencia del 30%, la cual le abonan sin declarar, para que se reincorporen a su trabajo. En algunos casos se les ha llegado a ofrecer una cantidad de dinero extra, la cual también sería en negro, para que desempeñen sus funciones en la empresa mientras aún continúan en el ERTE.
Este fraude ha llegado a detectar más de veinte mil trabajadores trabajando en negro mientras continúan percibiendo el dinero otorgado por el ERTE. Por lo que Inspección de Trabajo ha comenzado una serie de investigaciones a gran escala para intentar evitar esta situación.
Los trabajadores son presionados a “aprovechar las ayudas del Estado”
Mientras el Estado hace sus mejores esfuerzos para cubrir el 70% del sueldo de los trabajadores de las empresas que de no recibir esta ayuda se verían obligadas a cerrar sus puertas, miles de trabajadores son contactados por sus jefes para volver a ocupar sus puestos de trabajo por un dinero extra.
Cuando Leticia, una cocinera en la provincia de Cantabria que pasó a cobrar 840 euros en vez de los 1 200 que cobraba antes de pasar al ERTE, recibió una llamada de su jefe ofreciéndole reintegrarse al trabajo por 600 euros y decidió rechazarlo, la siguiente acción de su empleador consistió en ponerse en contacto con una compañera suya para ofrecerle lo mismo. Esta trabajadora aceptó el trato y ahora está trabajando bajo el régimen que muchos empleadores han creado motu propio. El fraude consiste en presionar a sus empleados para que se pongan en el lugar de la empresa y saquen el máximo provecho de las ayudas del Estado.
Algunos casos han sido peores aún. Es el de José Manuel, al que su jefe le instó a reincorporarse a trabajar sin ningún otro dinero aparte del 70% de su salario, ahora prestado por el ERTE. Cuando trabajadores como José reciben esta clase de “propuesta” por parte de sus empleadores, sienten que no tienen otra opción aparte de aceptar. El fantasma de las represalias está demasiado presente, ya que si no fuera así, quienes no aceptan no serían la minoría.
Responder que se trata de una acción ilegal y decidir rechazarla para no meterse en líos, hace que las relaciones jefe-empleado se tensen y que este último pueda terminar mucho más perjudicado que si decidiera trabajar al mismo tiempo que percibe los pagos del ERTE.
La acción de la Inspección de Trabajo para frenar la oleada de infracciones
El peligro de la ilegalidad de los ERTE es, como resulta obvio, una insostenibilidad manifiesta del sistema de ERTE. Dado que hay que tener en cuenta que los ERTE actualmente se financian con ingresos del Estado. Todo pago en negro no está contribuyendo a las ya maltrechas arcas del estado y está haciendo insostenible la situación.
Tener a un trabajador desempeñando funciones en nuestra empresa al tiempo que percibe los pagos del Estado en calidad de ayudas, es ilegal y una grave infracción frente a la Seguridad Social.
El ilícito se encuentra recogido en el artículo 23.1.J. de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Así, se contemplan multas de entre 6 251 euros hasta 187 515 euros.
La empresa que incurra en esta infracción, no solo deberá pagar la multa, sino también se verá obligada a devolver la prestación percibida por sus empleados en falta. La Inspección de Trabajo se encuentra inspeccionando al respecto. Y, hasta el momento, su proceder ha sido rápido y expeditivo para encargarse de que todo vuelva a la normalidad.
